A pesar de que Costa Rica tiene en su marco legal disposiciones que fomentan y protegen el derecho del acceso a la cultura para las personas con discapacidad, en la realidad, esto dista mucho de cumplirse.
Cuando el año pasado pisaron el aeropuerto Juan Santamaría los doce integrantes de la compañía de baile inclusivo costarricense “Ya Danza”, entre ellos, siete bailarines, tres con discapacidad, el director artístico, el fisioterapeuta y el encargado de prensa, que tiene discapacidad visual, las sensaciones eran ambiguas.
Por un lado, la satisfacción de haber representado al país abriendo el “Festival Arte e Acceso” en Sao Paulo, Brasil, un evento internacional, donde además de su performance, pudieron saborear la verdadera inclusión de las personas con discapacidad en el arte y la cultura. Allí encontraron audio descripción para la población con discapacidad visual, intérpretes de señas para la población sorda, espacios con accesibilidad universal, es decir, cada detalle pensado en un espectáculo realmente para todos y todas.
Pero por el otro, el sinsabor de saber que Costa Rica está lejos de situaciones parecidas. De hecho, este grupo artístico, que nació en el 2016 gracias a la iniciativa del espacio público auto sostenible e inclusivo Parque La Libertad de Desamparados, tuvo que costearse el viaje y debe lidiar día a día con “la clara falta de voluntad política para podernos promover y ni que decir, de buscar aún más la profesionalización”, como comenta Luis Flores, 35 años, usuario de sillas de ruedas y director general y co-fundador del grupo.

Ya Danza es una iniciativa totalmente privada, apoyada por la Asociación Desampa Inclusivo. El Estado, expresa Luis Flores, “el único apoyo que nos da, son los espacios de ensayo, que son demasiado pocos.”
Vulnerados desde la planificación
La historia de Luis y su grupo artístico es una representativa muestra de cómo en Costa Rica las personas con discapacidad se encuentran plenamente rezagadas en lo referente a ejercer a cabalidad su derecho de acceso a la cultura, ya sea como usuario o como participante activo.
A pesar de que la Política Nacional de Derechos Culturales define a la cultura como una “característica esencial de la humanidad» y de existir un amplio marco legal en el país que permitiría que las personas con discapacidad no sean discriminadas en esta esfera de su vida, las políticas públicas, el vehículo para que esto sea una realidad, son exiguas.
Tanto el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) como el 2019, no tenían nada estipulado para personas con discapacidad.
El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 si contempla a las personas con discapacidad: “para el período 2020-2023, se realizarán 200 actividades artísticas, culturales y educativas, 50 por año, de las cuales 32 estarán dirigidas a población con discapacidad, 8 por año, lo cual representa el 16% anual del total de actividades realizadas al año.”
¿A qué se debió el cambio del 2019 al 2020? y ¿qué actividades son o están proyectadas en concreto realizar? El martes 17 de marzo se le consultó al MCJ, en específico a la Dirección de Cultura, pero dijeron que para responder “ya que es un tema muy complejo, requiere su tiempo.” Al día de hoy no han remitido la información.
En el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 del Bicentenario (PNDIP), en lo que atiende a personas con discapacidad dentro de la esfera del Ministerio de Cultura, solo hay una intervención estratégica vinculada a esta población y es para jóvenes con discapacidad en capacitaciones sobre recreación. Nada asociado al arte y la cultura.
Además, en el documento Política Nacional de Derechos Culturales 2014 – 2023, en el apartado sobre equidad cultural, se reza que el “impulso de acciones afirmativas a favor de sectores de población y comunidades excluidas o discriminadas, por razones de pobreza, edad, etnia, género, orientación sexual y discapacidad, entre otros, para que participen en igualdad de condiciones en la vida cultural del país.”
¿Cuáles lineamientos se están ejecutando o se van a ejecutar para el presente año 2020? Las respuestas ministeriales tampoco llegaron.
Pocas estrategias y minúsculas consideraciones culturales para la población con discapacidad en el trazado político.
Derechos explícitos, realidades difusas
En el marco normativo y legal de Costa Rica abundan las definiciones, los reconocimientos y las protecciones para las personas con discapacidad, un grupo nutrido dentro de la República.
Conforme a la información que remitió Gwnedolyne Rojas Salas, funcionaria del área de Subproceso de Gestión de Política Pública del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), para el 2018 (siendo este el dato más actualizado), había 670 mil personas con alguna discapacidad en el país, es decir un 18,2% de la población total, de la cual el 14,4% es considerado con discapacidad severa.
La definición que adopta el Ministerio de Salud (MINSA) es que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas”
La Constitución Política en su artículo 51 señala que “la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.”
Además, el país posee dentro de su cuadro normativo a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada como la ley 7948, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008 como ley 8661 y la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la cual tiene 24 años de su promulgación.
Esta última, en su artículo 54, dispone que los espacios físicos donde se realicen las actividades culturales, requerirán ser accesibles a todas las personas y los organizadores, sean públicos o privados, “deberán proporcionar los medios técnicos necesarios para que todas las personas puedan disfrutarlas”.
Para Álvaro Mendieta Vargas, funcionario del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en 2014, el artículo 55 de la ley 7600, “considera como una típica medida antidiscriminatoria, no se puede negar a una persona con discapacidad “participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas”. Aquí se amplía la noción del derecho hacia una participación activa como protagonista y no únicamente como espectador receptor.”
A pesar de estas cuestiones legalistas, en la práctica, la persona con discapacidad no encuentra el terreno allanado ni propicio para ejercer su derecho en el acceso a la cultura y la nomenclatura parece encontrar su límite en el papel.
En primera persona
Nicole Mesén Sojo, es activista de Derechos Humanos, Regidora de Goicoechea 2016-2020 y 2020-2024 y además es enérgica usuaria de Twitter.
En esta dirección del limitado y escueto acceso a lo cultural decía que “si bien ha habido algunos esfuerzos para hacer accesibles lugares como teatros, cines y museos, siguen haciendo falta muchas mejoras para realmente lograr una accesibilidad física a estos sitios y ni qué decir del verdadero acceso como actores a estas actividades.”
Muchos espacios se apegan a la ley, pero lo hacen solamente para cumplir con la misma, sin abordar en profundidad como es la experiencia para la persona con discapacidad. La regidora, aficionada del Saprissa, que sueña con ser diputada y cuyo hobby es la lectura, señala que “en los cines, por ejemplo, tienen sectores para personas con discapacidad, pero están al puro frente de la pantalla, por lo que suele ser incómodo para la mayoría. Hay algunos vacíos en la ley que muchas veces ha causado que la misma no se cumpla a por completo. Una vez fui a un museo, todas las vitrinas eran altísimas y por mi estatura no pude ver prácticamente nada.”
El enfoque para las personas con discapacidad a nivel mediático y de la opinión pública en gran medida se lo llevan las cuestiones de infraestructura, educación y lo laboral quedando lo referente al acceso cultural en segundo plano. Para Mesén,en esto tiene mucho que ver “el tema cultural; la sociedad en general ha creído que a las personas con discapacidad no nos gusta acceder a la cultura. Siempre nos han encasillado a estar encerrados/as entre cuatro paredes, cosa que claramente no es así, en mí caso, me encanta todo lo que sea cultural.”

Continuado por el sendero del gusto, es necesario decir que el goce a la cultura es un derecho que dicta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y en el país es refrendado por la Política Nacional de Derechos Culturales.
La regidora considera que en Costa Ricase han hecho esfuerzos para fomentar la cultura, “pero en personas con discapacidad, hablando en el término de actores, aún falta muchísimo. Tengo entendido que no existen recursos del Estado a grupos culturales de personas con discapacidad y eso es un vacío enorme.”
Los puentes no tendidos entre el estado, la cultura y las personas con discapacidad parecen encontrar su materialidad en la opinión similar que tienen Nicole Mesén Sojo y Luis Flores.
Las instituciones culturales en deuda
En 2017, el CONAPDIS presentó los resultados del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) aplicado a diversas entidades del sector público costarricense. El ente les brindó una metodología de autoevaluación mediante la cual se consultó información vinculada con el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en Costa Rica de acuerdo a la normativa nacional y los convenios internacionales ratificados por el país.
De las 126 instituciones que respondieron, los espacios vinculados a lo cultural y lo artístico ocuparon los siguientes puestos:
Teatro Popular Mélico Salazar 74
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 79
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 82
Consejo Nacional de Espectáculos Públicos 97
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 105
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer 110
Infográfico: https://infogram.com/igeda-2017-1hdw2jry07xx6l0
Psicología y arte, potencias para personas con discapacidad
El panorama respecto de las falencias estatales a la hora de trabajar el binomio población con discapacidad-cultura, tiene impacto en las individualidades. Lo macro, lo estructural agrietado, repercute en las personas, dejando un vacío que podría ser aprovechado en el nivel de la salud mental y psicológico para aportar herramientas asertivas para este grupo vulnerable.
Independientemente de la condición de discapacidad que tenga la persona, existen necesidades, y entre ellas, las de acceder y disfrutar de la cultura; la de poder cultivar su interior, y no solo limitarse a cuestiones de subsistencia. No poder tener consumos y/o actividades de índole cultural y artística trae afectaciones a nivel mental para las personas con discapacidad.
Bajo esta tesitura, Patricia Mora Gutiérrez, Licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Máster en Intervención Educativa y Psicológica en la Universidad de Navarra, España, expresó sus perspectivas.
Además, la Licenciada Mora destaca la importancia para las personas de contactarse con el ocio y fundamentalmente con un área artística.
La psicología y las expresiones artísticas pueden trabajar mancomunadamente para la población con discapacidad, generando contribuciones valiosas en su desarrollo integral, donde el Estado debería tener mayor injerencia que la que hoy en día tiene.
Tocar para realizarse
Constantino, de 9 años, tiene síndrome de down. Hace tres años que está en clases de música. Comenzó con estimulación musical, tocando las campanas, trompetas, tambor y bailando. Y luego de un año, pasó a piano con un grupo de 8 niños.
Carolina Leiton, su madre, explica que son clases privadas. “Anduve buscando por varios lugares porque sabía que la estimulación musical es muy importante para todos los niños, pero sobre todo para ellos (los que tienen síndrome de down) y no encontré un lugar que me llamara la atención hasta dar con el actual, que queda por San Luis de Heredia.”
Comentó que llevo a su hijo a clases en una escuela en Santa Bárbara, que sí bien es pública, le cobraba 22 mil colones por mes. Constantino y el profesor no lograron la química adecuada y Carolina optó por llevarlo a San Luis, donde está hoy en día.
Luis, Nicole, Constantino, son algunos de los casos que muestran como lo estatal en materia de cultura y arte está en deuda con ellos y con la población con discapacidad en general. Quedan muchos retos desde la administración pública para la verdadera inclusión, y todo debe comenzar por el diseño de mayor cantidad de políticas pública y su posterior ejecución. El marco legal y normativo existe. Restan las estrategias culturales, que no pueden ni deben quedar rezagadas en la consideración e implementación.

Tomás Fonseca
Estudiante de Periodismo
Nació en Buenos Aires, Argentina en 1989. Actualmente vive en Costa Rica donde trabaja como futbolista y realiza sus estudios de Bachillerato en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo. Twitter: @tomfonseca






















